Violencia política motivó su renuncia
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata reincorporación de Rosa Pérez Pérez como presidenta municipal del municipio de Chenalhó, en el estado Chiapas, quien fue víctima de violencia política y obligada a renunciar a su cargo hace tres meses.
En la sesión de este 17 de agosto, la magistrada y los magistrados del TEPJF consideraron que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, por lo que decidieron revocar el decreto 216 emitido por la Legislatura del Congreso de Chiapas, que aprobó su dimisión.
El pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia, a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
Tras la resolución del Tribunal, la alcaldesa difundió un video en redes sociales, en donde explica que las agresiones en su contra comenzaron desde abril de 2016, cuando un grupo minoritario de personas pretendía su destitución, por lo que tomaron y vandalizaron el Palacio municipal, hicieron quema de casas y secuestraron a dos legisladores.
En el video, Rosa Pérez afirma que la violencia en su contra se debió a que el síndico Miguel Santiz Álvarez no aceptó que una mujer asumiera la autoridad municipal y por eso, de manera ilegal, logró la renuncia de la alcaldesa y que se le nombrara a él como alcalde sustituto.
Hace también un llamado al diálogo y al reconocimiento de la resolución. “Hoy comienza una nueva etapa para la vida política y social en San Pedro Chenalhó. Mi compromiso ahora es por la gobernabilidad, la paz de nuestras comunidades, por la inclusión de todas las fuerzas políticas para lograr la unidad de nuestros hermanos”.
EL FALLO
En el análisis del caso, el Tribunal Electoral consideró que los hechos de violencia fueron determinantes para que Rosa Pérez se viera forzada a firmar el escrito de renuncia, aunque no había justificación constitucional ni legal para ello.
En el fallo también se pidió al gobernador Manuel Velasco que se generen condiciones de seguridad, para que la presidenta municipal y el cabildo puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad.
Durante el debate, la magistrada María del Carmen Alanís coincidió en que hubo violencia política de género y que a Pérez no se le permitió el derecho de ejercer el cargo para el cual fue electa en julio de 2015. La sentencia, dijo, manda el mensaje claro de que ser de mujer no debe ser obstáculo para desempeñar un cargo público.
En estos casos, dijo Alanís, se debe garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y que las autoridades electorales dicten y, en su caso ejecuten, medidas para prevenir daños mayores a las víctimas, sus familiares y personas vinculadas con sus campañas y/o cargos públicos.
El magistrado Manuel González Oropeza afirmó que la alcaldesa corrió peligro de ser quemada viva, por lo que escapó y que la licencia solicitada no cumplió ningún requisito de ley, no recibió calificación del Congreso ni del Ayuntamiento y no hubo argumento para justificar la ausencia; esta se aceptó automáticamente.
El magistrado Pedro Esteban Penagos habló de coacción y violencia política y el magistrado Flavio Galván afirmó que se debe revisar el sistema electoral, el de partidos y la responsabilidad de los servidores públicos. No es admisible la conducta violenta de ciudadanos que pretenden ejercer justicia por propia mano”, dijo.
El magistrado presidente Constancio Carrasco Daza destacó la violencia física y violencia moral registrados en San Pedro Chenalhó para exigir la renuncia de la alcaldesa electa. La oposición contra su gobierno tuvo que ver con su condición de mujer.
FALTAN GARANTÍAS
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) –organización integrada por mujeres políticas, académicas y activistas– aplaudió la sentencia y aseguró que no es suficiente la restitución sino que las autoridades competentes deben otorgar garantías de seguridad a ella, su familia y colaboradores.
Para esta red de promotoras de la participación política de las mujeres chiapanecas, la manera como Rosa Pérez fue obligada a retirarse del cargo violentó la legalidad y el Estado de derecho y no puede ser tolerada en un Estado democrático.
La agrupación advirtió que aún hay muchos riesgos y por eso exigió al Gobernador, al Congreso, al secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y al Procurador General de Justicia del estado, Raciel López Salazar, que realicen las acciones pertinentes para que la alcaldesa pueda continuar con la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía que votó por ella.
Fuente: Cimacnoticias